El doble terremoto que sacudió a Venezuela el miércoles 24 de junio proyecta un impacto sociopolítico incalculable en múltiples direcciones, poniendo en riesgo variables críticas de la vida política y social del país. Más allá de las imágenes apocalípticas divulgadas durante la emergencia, resulta indispensable contextualizar y delimitar la magnitud real del evento sísmico.
Según cifras oficiales, hasta el momento se contabilizan más de 2.000 fallecidos, aunque todas las proyecciones estiman una cifra exponencialmente superior. El coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas, Gianluca Rampolla, informó que el organismo internacional está adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres destinadas a apoyar al país, mientras que la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que unas 50.000 personas continúan desaparecidas, sumadas a un altísimo número de damnificados.
Aunque varios estados, y sobre todo la capital, sintieron con rigor el sismo —en ella algunos edificios colapsaron—, la ciudad no perdió su operatividad y los puntos neurálgicos no se han visto afectados. La peor parte de esta catástrofe la ha sufrido el estado La Guaira, la entidad federal con menor superficie del país, donde los daños materiales y humanos son todavía incalculables. Al drama colectivo se suma el hecho de ser un territorio marcado por desastres socioambientales previos, como la tragedia de diciembre de 1999 —un evento de flujos de lodo— y las severas vaguadas del año 2006.
Sin embargo, el evento actual se perfila como la peor tragedia que ha sufrido no solo ese estado costero, sino la nación entera en toda su historia, debido al impacto fulminante sobre cientos de edificaciones de gran altura y la alta densidad residencial en urbanizaciones, escenario que se vio potenciado por el día de asueto y la vocación turística de la región.
Impacto en el tejido social y el Estado actual
A las claras, la primera gran afectación recae sobre el tejido social. El elevado número de víctimas humanas ocurre en un contexto socioeconómico ya complejo, lo que dificulta no solo la resiliencia de la población afectada —muchos de ellos beneficiarios de políticas públicas de vivienda tras desastres anteriores—, sino también la respuesta del Estado venezolano, que históricamente operó como el principal agente de protección civil ante las emergencias naturales del pasado.
La capacidad operativa actual del Estado es incomparable con la de 1999, 2006 o 2010, épocas en las que ocurrieron deslaves masivos provocados por lluvias intensas, pero en las que el país no experimentaba la crisis económica ni las sanciones internacionales que enfrenta hoy.
El elevado número de víctimas humanas ocurre en un contexto socioeconómico ya complejo, lo que dificulta no solo la resiliencia de la población afectada —muchos de ellos beneficiarios de políticas públicas de vivienda tras desastres anteriores—, sino también la respuesta del Estado venezolano, que históricamente operó como el principal agente de protección civil ante las emergencias naturales del pasado.
En este momento, la sociedad venezolana —una vez que se supere la fase inicial de emergencia y se consolide el balance de fallecidos, heridos y damnificados— se verá obligada a reconstruirse sin el auxilio de la antigua bonanza petrolera. En su lugar, se enfrenta a un aparato estatal financiera e internacionalmente limitado, que aún arrastra las secuelas de años de asedio económico por parte de EE.UU. y posee reservas internacionales severamente diezmadas.
Situación política y geopolítica
Bajo estas premisas, es probable que proliferen las críticas contra el Gobierno debido a la escasez de recursos y la magnitud de la tragedia. A esto se añade la particularidad de que las autoridades interinas actuales son derivadas de la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, por lo que hay tensiones institucionales y alta presión extranjera sobre sus estructuras.
Se trata, por tanto, de una gestión que debe maniobrar con una intensidad extrema utilizando los limitados recursos reales a su disposición. A su favor cuenta con la vasta experiencia acumulada en eventos similares, en los cuales las administraciones previas de corte chavista supieron sortear las crisis e incluso salir fortalecidas políticamente, gracias a una atención integral y directa a las víctimas.
Por consiguiente, en medio de la parálisis provocada por el desastre natural, el gobierno interino cuenta, a diferencia de sus adversarios, con una oportunidad estratégica para obtener una relegitimación mediante la gestión de la emergencia.
Sin embargo, el gobierno venezolano no es el único que se encuentra en una encrucijada; Washington también está en el foco del debate internacional.
EE.UU. ha ofrecido una asistencia humanitaria de 300 millones de dólares, una cifra que analistas consideran marginal si se contrasta con los ingentes volúmenes de petróleo que ese país está extrayendo del subsuelo venezolano, según declaraciones del propio Donald Trump.
EE.UU. ha ofrecido una asistencia humanitaria de 300 millones de dólares, una cifra que analistas consideran marginal si se contrasta con los ingentes volúmenes de petróleo que ese país está extrayendo del subsuelo venezolano, según declaraciones del propio Donald Trump. Por otra parte, aunque Washington flexibilizó ciertas licencias específicas para facilitar las labores de rescate y asistencia, el esquema punitivo general de las sanciones económicas se mantiene intacto.
De este modo, el panorama idílico con el que Trump suele describir la situación de Venezuela tras su intervención podría perder viabilidad si las condiciones económicas se deterioran aceleradamente y las comunidades damnificadas no reciben respuestas oportunas de un Estado asfixiado financieramente por la potencia del norte.
¿Mantendrá la Casa Blanca el régimen de sanciones económicas en medio de una catástrofe humanitaria de este calibre? ¿Permitirá que el colapso de un país con estructuras institucionales debilitadas derive en una crisis militar, social y política de gran magnitud que termine entorpeciendo el flujo, la producción y la comercialización segura de los hidrocarburos? Estas son las interrogantes cruciales que deberá responder el gobierno de EE.UU. en los próximos días o semanas.
Por su parte, la opositora María Corina Machado trata de aprovechar la tragedia para intentar entrar a Venezuela con mensajes insurreccionales, lo que podría azuzar aún más la conflictividad política y social. Según algunas informaciones de medios internacionales, Washington habría impedido su ingreso, lo que genera contradicciones adicionales en el 'establishment' estadounidense sobre cómo operar en Venezuela.
Así las cosas, el doble terremoto no solo ha fracturado la infraestructura física de Venezuela, sino que ha acelerado las tensiones de un tablero político y geopolítico profundamente complejo. La catástrofe somete a una prueba de fuego la capacidad de maniobra de un Estado financieramente restringido, al tiempo que redefine los intereses estratégicos de Washington en el control de recursos clave y expone las limitaciones de una oposición fuera del país que intenta mantener su relevancia.
Más allá de la urgente y necesaria asistencia humanitaria a las víctimas, el desenlace de esta crisis multisectorial determinará si el país avanza hacia una estabilización institucional o se encamina hacia un nuevo ciclo de conflictividad, que podría tener un impacto en el suministro energético de la región.
