El Gobierno de Perú acaba de aprobar una operación de endeudamiento interno por valor de 4.287 millones de soles (alrededor de 1.225 millones de dólares) para financiar la Fase II del Plan Maestro de la Nueva Base naval del Callao.
Se trata de una ambiciosa apuesta para modernizar la infraestructura militar y portuaria del país, que se apoyará en la reciente aprobación por parte de EE.UU. de la venta de equipos y servicios por valor de 1.500 millones de dólares para esa etapa del proyecto.
La infraestructura convivirá con el megapuerto de Chancay, a tan solo 80 kilómetros de distancia, que se desarrolla con inversión china. De este modo, los proyectos compartirán estancia en la costa central de Perú, en un momento en que los principales financistas mantienen una fuerte disputa por ampliar su influencia en la región latinoamericana.
Un avance para la Marina de Guerra de Perú
La renovación del puerto de Callao pretende fortalecer las capacidades operativas de la Marina de Guerra de Perú y proseguir con el traslado progresivo de instalaciones militares, para lo que cuenta con el apoyo de EE.UU., que respaldará la construcción marítima y administrativa.
Esta etapa se enfoca en la construcción de una nueva dársena naval, muelles, rompeolas y edificios administrativos, que permitirán cooperar en los servicios operativos de la escuadra naval y estaría listo en cuatro años.
Así, se permitirá el amarre de unidades de superficie y de submarinos y también el reaprovisionamiento logístico de las naves. Debido a la envergadura de la obra, está previsto que este proyecto se erija como una instalación clave para el control estratégico del Pacífico Sur.
A 80 kilómetros de Chancay
Esa renovada base naval se encontrará muy próxima al megapuerto de Chancay, dando lugar a la presencia de actores internacionales de primer nivel en unas infraestructuras que se encuentran separadas por apenas 80 kilómetros.
La instalación de Chancay, con inversión china, está siendo escrutada por EE.UU., que recientemente advirtió a Perú de que podría estar perdiendo soberanía, después del fallo judicial que restringió la supervisión estatal sobre el puerto operado por la compañía china Cosco Shipping.
Más allá de las fricciones, la puesta en marcha de ambos proyectos parece un nuevo episodio en la competencia estratégica de Pekín y Washington en Latinoamérica, donde infraestructuras como la portuaria son de una importancia decisiva tanto para el comercio como para la seguridad regional, con las dos potencias bregando por acaparar la influencia sobre el territorio.
